Tras analizar en el artículo anterior el uso lucrativo del agua a través del su embotellado, en este artículo vamos abordar otra forma de negocio: La privatización de la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Aunque parece que poco a poco van consumándose algunas remunicipalizaciones, el agua aún es privada en muchos lugares, y en la mayoría de estos las multinacionales francesas Veolia y Suez están a cargo del servicio.

Siguiendo criterios humanistas, ecologistas, y éticos, podríamos decir que el agua forma parte del dominio universal. Por ser imprescindible para la vida de todas las especies del planeta, ha de estar garantizada su disponibilidad para éstas. Atendiendo a la apropiación humana, ¿como se ha regulado a lo largo de la historia?

El derecho romano consideraba las aguas superficiales dentro del dominio público, y las aguas subterráneas como de uso privado -normalmente se extraían mediante pozos-. Desde entonces, el acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento ha sido una exigencia social y un imperativo moral que tradicionalmente han asumido los poderes públicos, con diferentes grados de eficacia y equidad.

En los años 70, con la imposición del modelo neoliberal, las privatizaciones comienzan a ser una estrategia global: Por un lado, el Banco Mundial y las demás instituciones económico-financieras (FMI, bancos regionales) empiezan a promover políticas de desregulación y privatización, Esto se consigue a través de acuerdos de deuda vinculados (crédito a cambio de privatizaciones). Por el otro, se empieza a actuar sobre el imaginario colectivo: se ensalzan y mitifican las capacidades del libre mercado, y se presentan como alternativas de modernidad; a la vez, se denosta la función pública como ineficiente, opaca y burocrática.

Foto: Theen … Stacked Water Meters via photopin (licencia)

Es así como muchos servicios públicos se han ido convirtiendo en simples negocios. En el caso del agua, la privatización supone que la ciudadanía pasa de ser titular de un derecho universal a convertirse en cartera de clientes de una empresa privada. Esto aumenta, además, la vulnerabilidad de personas en situación de exclusión social, que quedan expuestas a cortes de suministros, y con ello a un potencial empeoramiento de su salud. Además se agrava la brecha de género, al dificultarse las labores de cuidados -en especial las asociadas a dependencia-, habitualmente aún en el siglo XXI en manos de mujeres.

Modelos privados que no se han exportado

En Chile la privatización se llevó a cabo durante la dictadura. Bajo el mandato de Augusto Pinochet, se privatizaron las infraestructuras y la gestión del suministro. Las fuentes de agua (rios y lagos) quedaron en teoría bajo titularidad pública, pero en la práctica pasaron al control de empresas privadas -en su mayoría a Endesa-, sin restricciones de ningún tipo (incluso pueden negociar la compra-venta de sus caudales).

Por otro lado, durante el gobierno Thatcher se llevaron a cabo múltiples privatizaciones en las islas británicas. A diferencia de Chile, en este caso se mantuvieron públicas las fuentes de agua, pero se privatizaron las infraestructuras y el suministro. En el caso de Londres, se vendieron por un precio simbólico las infraestructuras de agua y saneamiento, así como los derechos de gestión de todo el área metropolitana, a la empresa Thames Water.

El modelo francés

El modelo francés es el que más se ha universalizado y exportado y el de aplicación habitual en el Estado español. Arraiga en la segunda mitad del siglo XIX bajo el mandato del emperador Napoleón III. A priori puede parecer la fórmula menos agresiva de privatización, porque mantiene públicas tanto las fuentes de agua como las infraestructuras, y para la gestión se crean los llamados “partenariados publico-privados”: empresas coparticipadas por el ente público y la empresa privada que firma el acuerdo -normalmente FCC, Veolia, Suez, o alguna de sus filiales como Aqualia, Aquagest o Agbar-.

No obstante, este modelo esconde perversas sutilezas. La gestión se entrega en exclusiva al privado, que puede comprar y contratar sin concurso público, y asegurándose sustanciosos ingresos para empresas de su grupo multinacional. Se considera además que el privado tiene el conocimiento tecnológico, por lo que también se lucra a través de los contratos de capacitación.

La duración y las clausulas del acuerdo son abusivas para el ente público. Se establecen acuerdos de 25 a 50 años, cuya ruptura implica que la asunción por parte del ayuntamiento de turno de las pérdidas acumuladas en los años de gestión público-privada, o de existir beneficios, el lucro cesante de los años que quedan de concesión. El acuerdo queda prácticamente blindado.

De cara a la ciudadanía, la gestión privada supone importantes perjuicios. Por un lado, las contrataciones sin concurso público del privado repercuten en un mayor coste del servicio. Además, los litigios ya no se someten al derecho público sino al privado, siendo éste mucho más estricto con situaciones de impagos, embargos y cortes de suministro.

Privatizaciones encubiertas

Por desgracia, a veces el que haya una empresa pública tras la gestión del agua, tampoco garantiza lógicas de gestión participativas y en favor de las personas. Esto es posible por dos cuestiones: el mecanismo para cobrar el agua y las prácticas de cabildeo (lobying)

En teoría el agua debería de cobrarse como tasa. Una tasa ha de aplicarse en los casos de aprovechamiento privado o personal de un bien del dominio público, o en los que el aprovechamiento del bien no es voluntario, o no se ofrece en competencia con el sector privado. Este es exactamente el caso del agua (otro caso de cobro por tasa es, por ejemplo, los vados de aparcamiento, pues se reserva un espacio público en la calle para aprovechamiento privado).

La tasa se acoge al derecho público, mas benevolente con situaciones de impago por exclusión social. Además esta forma de cobro estar regido por dos principios: el principio de capacidad de pago, por el cual el precio ha de adaptarse a la situación económica de cada persona; y el principio de equivalencia, por el que el precio estándar tendrá que coincidir con el coste de proporcionar el servicio (incluyendo infraestructuras, capacitaciones, difusión, etc.). Esto último garantiza que dinero procedente del agua es reinvertido en agua.

Frente a la tasa, existe el cobro por tarificación. Una tarifa se aplica en modalidad de precio público cuando la aplica un ente público en competencia con un ente privado, y en tal caso se acoge al derecho público; o en modalidad de precio privado, cuando el servicio lo otorga un entre privado, acogiéndose al derecho privado.

Atención, que aquí viene el juego de manos: existen casos en los que una empresa pública ha aplicado tarificación por precio público en lugar de tasa, incluso casos en los que se ha aplicado precio privado. Ante casos de este tipo, la dirección general de tributos se ha pronunciado en uno y otro sentido en diferentes momentos, ademas de existir jurisprudencia diversa al respecto, incluyendo conflictos entre sentencias del tribunal supremo y el constitucional. Esto constituye un marco en el que, de facto, la aplicación de las tres opciones es legal.

Representantes de IU y PSOE (actualmente en cogobierno) comprometiéndose en campaña municipal a velar por el agua pública en Córdoba durante su entonces potencial mandato (Fotos: Archivo ISF)

La otra dinámica de fomento de lógicas privadas en empresas públicas es el cabildeo. Asociaciones como ASA aglutinan empresas públicas, partenariados público-privados y multiancionales del agua (o sus filiales). Y dentro de ellas se promueve una cultura del agua como negocio, así como relaciones clientelares entre empesas públicas y los servicios de capacitación e infraestructuras de los grandes grupos empresariales del agua.

Un ejemplo de privatización encubierta es el caso de EMACSA, la empresa municipal de aguas de Córdoba. Hasta la aprobación en pleno municipal en octubre de 2015 del Pacto Social por el Agua Pública, ésta pertenecía a ASA Andalucía y era asesorada por ésta, tarificaba mediante precio privado y frecuente encontrar vehiculos con rótulos de Veolia junto a las obras de infraestructuras de agua en la ciudad. Actualmente EMACSA está en transición hacia lógicas participativas y basadas en las personas, bajo la supevisión de una comisión creada con la aprobación del pacto en pleno municipal. Ya no forma parte de ASA sino de AEOPAS, una asociación que aglutina a ayuntamientos, diputaciones provinciales, empresas públicas de agua y organizaciones de la sociedad civil y realiza asesoramiento en favor del agua pública. Sin embargo, a fecha de este artículo sigue tarificando en modalidad de precio privado.

¿La era de las remunicipalizaciones?

Sin lanzar las campanas al vuelo, casi podemos decir que asistimos a ‘la era de las remunicipalizaciones’. Todo ello esta ocurriendo gracias a un trabajo de incidencia política y lucha en las calles de años, combinando un trabajo de sensibilización continuo con la presion institucional.

Sin duda el gran hito fue el caso de la remunicipalización de París y la constitución de ‘Eau de París’ como empresa pública y como marca. El agua de la cuna de Veolia y Suez volvía tras más de un siglo a manos públicas. Como resultado, hoy en día la cultura del agua pública está al orden del día en París. Es frecuente ver en cualquier bar parisino, junto a los habituales grifos de cerveza, un grifo de agua con el logotipo de ‘Eau de París’.

Pero no sólo es París. Hace unos días despedimos el 2016 el ¡Feliz agua pública! de Valladolid. En Cataluña más de 30 municipios están a las puertas de la remunicipalización, al finalizar en breve las concesiones. Y en la provincia de Córdoba (Puente Genil y Priego, por ejemplo) existen plataformas ciudadanas -como es el caso de Priego Agua y Desarrollo– concienciadas a raíz de la capitalización salvaje llevada a cabo por las multinacionales. Es la hora de recuperar el agua para una gestión pública y participativa, centrada en las personas y no en los mercados.

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