Durante los últimos meses se han vivido múltiples retrocesos en El Salvador en la lucha que durante 12 años llevan los movimientos sociales en la implementación de la gestión pública y comunitaria del agua. Tras la nueva composición de la Asamblea Legislativa tras las elecciones de este último año, se han desechado los 92 artículos acordados en el debate de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático durante la legislatura 2012-2015, y han comenzado con un nuevo proyecto de ley integral del agua, basado en la propuesta que en junio del 2017 presentó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que validaría un consejo rector del agua de 5 sillas.

30 de agosto, San Salvador. Fuente: Verdad Digital

Como pasó entonces, las negociaciones sobre el reparto de las sillas de la gestión del agua ha generado el enfado de la población. Además durante los últimos meses los movimientos sociales que rechazan esta situación han vivido casos de acoso y violencia.

El pasado 27 de septiembre se ha llevado a cabo la última movilización organizado por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, donde miles de personas manifestándose por las calles de San Salvador y la entrega de 200.000 firmas han mostrado el rechazo a que los intereses de la gremial de la empresa privada tenga silla propia en la gestión del agua.

27 de septiembre, San Salvador. Fuente: Alianza Nacional contra la Privatización del agua

Más allá de los números, seguimos compartiendo los clamores de “¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!” y “El agua es un Derecho Humano, no una mercancía” que se repiten en todas estas acciones, y seguiremos con atención durante los próximos meses el desarrollo de este asunto.

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