Comunidades salvadoreñas se plantan contra un proyecto urbanístico que amenaza su abastecimiento de agua
En las faldas del volcán de San Salvador, al norte de la ciudad, la conocidísima familia Dueñas mediante su empresa Grupo Urbánica está promoviendo un macro proyecto urbanístico llamado “Ciudad Valle del Ángel”. El proyecto amenaza el abastecimiento de agua y la contaminación del agua de la zona.
El proyecto comprende la creación de una ciudad exclusiva, para población de alto poder adquisitivo (incluye la construcción de 3,500 viviendas, 3,000 apartamentos en edificios de 3 niveles, en la que se estiman podrían vivir, unas 32,500 personas. Adicionalmente se planifica la construcción centros comerciales, escuelas, hospitales, terminal de autobuses y hoteles).
El pasado, 28 de Agosto de 2019 las comunidades vecinas que se ven afectadas por el macro-proyecto urbanístico se manifestaron frente al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), instancia del Estado encargada de emitir el permiso ambiental al proyecto. “Venimos a hacer uso del derecho que otorga la Ley de Medioambiente salvadoreña y la Constitución para presentar objeciones al proyecto. Exigiendo que se tomen en cuenta los enormes efectos que va a tener el proyecto sobre la población y el medio ambiente.” dice Óscar, uno de los representantes de ACUA, una ONG que facilita la organización social en las comunidades rurales para exigir el Derecho Humano al agua.
Las consecuencias serán una menor disponibilidad de agua potable para las comunidades vecinas, debido a que el megaproyecto Ciudad Valle del Ángel ya ha obtenido de parte de ANDA (la empresa pública de agua) la factibilidad para hacer uso de 240 litros/segundo, 20.7 millones de litros de agua diarios. Por otro lado, el megaproyecto va a ocupar 326 manzanas de terreno (228 hectáreas) lo que reduciría la capacidad de infiltración de agua en el suelo impidiendo la recarga de los acuíferos subterráneos, que de por sí ya se encuentran bastante presionados con la demanda actual.
Además, se alerta que durante varias etapas de construcción se puedan provocar deslizamientos desde el volcán de San Salvador a las comunidades vecinas debido a la tipología del terreno. Existiendo ya un caso recordado por los salvadoreños como catástrofe, que fue el alud de Montebello en 1982, en el que debido a días de fuertes lluvias, hizo que desde el volcán de San Salvador bajase una escorrentía que sepultó a 500 personas de la ciudad.
La poderosa familia Dueñas, que está detrás de este proyecto urbanístico bajo la empresa “Urbánica” ya intentó en el año 2009 un proyecto similar de menor envergadura (3,500 viviendas) al que el Ministerio de Medioambiente negó el permiso ambiental debido a que los acuíferos de esta zona no tenían la capacidad suficiente para abastecer los 8.7 millones de litros diarios que demandaban para el proyecto (menos de la mitad de lo que demandan ahora).
Sin embargo, la familia Dueñas ha planteado esta vez una estrategia diferente para conseguir los permisos pertinentes. Mediante un acuerdo con ANDA, pretenden traer agua de San Juan de Opico (a unos 30km del lugar del proyecto) en donde pretenden perforar 8 pozos área metropolitana de San Salvador.
Por otro lado, el proyecto va a implicar también la contaminación de los mantos acuíferos ya que a pesar que se plantean inicialmente tres plantas de tratamiento de aguas negras para la macro-urbanización, por experiencias anteriores en el país, es de sobra conocido que la vigilancia de tales va a ser nula y se prevé que dejen de funcionar al poco tiempo, vertiendo agua contaminada en cuerpos de agua como el rio Chacalapa, afectando así a las comunidades rurales de la zona (en Apopa, Nejapa, Mejicanos, Ayutuxtepeque) que tienen sus propios sistemas autogestionados de agua abastecidos de estos ríos.
Y es que, en El Salvador algunas comunidades rurales han tenido que auto-organizarse ante la falta de responsabilidad del Gobierno del Salvador para abastecer a sus vecinos de agua potable. Y no solo eso, sino que llevan años trabajando en red entre ellas creando asociaciones desde las cuales hacen un trabajo de incidencia política y activismo para denunciar los problemas que sufren entorno al agua y demandar al Gobierno que cumpla con el Derecho Humano al Agua.
Es por eso que el día 28 de agosto se reunieron frente al Ministerio de Medio ambiente presentando las cartas de rechazo a este mega-proyecto urbanístico, las cuales el Ministerio debe tener en cuenta antes de darle un dictamen favorable al permiso ambiental.
El Ministerio de Medioambiente salvadoreño debería darse cuenta de que este proyecto es, a todas luces, un proyecto insostenible por sus implicaciones ambientales pero también sociales. Además, una empresa pública, como es ANDA, encargada de un bien básico como el agua, en lugar de hacer acuerdos especulativos con empresas urbanísticas, debería velar por una gestión del agua equitativa; también para aquellos con menos recursos económicos. Tampoco una empresa tendría que tener nunca la posibilidad de firmar acuerdos para vender los bienes públicos a su antojo. El MARN, por su parte, también debería encargarse de prevenir la contaminación de las cuencas y mantos acuíferos para asegurar un desarrollo sostenible en el país.
Todos esperamos que el nuevo funcionariado del partido Nuevas Ideas que ha prometido un cambio radical a El Salvador, empiece a cambiar la forma de funcionar en este país que aún tiene retos ambientales muy graves como el del acceso al agua que ponen en peligro la vida.
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