El pueblo Shipibo Konibo uno de los grupos más afectados por la COVID19 en Perú

La Amazonía, habitada por más de 420 pueblos indígenas, al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario, es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. Allí la propagación de COVID-19 ha crecido de manera exponencial, afectando a los pueblos que viven en esta región, muchos de ellos comunidades pequeñas en aislamiento conformadas solamente por decenas de familias. Uno de los pueblos más afectados, por número de casos, es el del pueblo Shipibo Konibo en Perú.

En vísperas del Día Internacional del Medio Ambiente, desde la ONU Derechos Humanos y la CIDH alertaron que “la COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo sobre uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta”.

Los Shipibo Konibo, grupo étnico cuya población asciende a las 14 mil habitantes, vive mayoritariamente en la selva baja del Perú, cerca de las orillas del río Ucayali, afluente del Amazonas. Sin embargo, muchos hermanos han migrado a las ciudades de Pucallpa, Lima y otras zonas urbanas, en búsqueda de mejores oportunidades. Su espiritualidad está llena de relaciones con las plantas y el río, son considerados guardianes de la selva peruana, y de uno de sus famosos enteógenos sagrados, la Ayahuasca. La vida para los shipibos se basa en la creencia que todo lo que existe es una unidad, en el hecho de que todo esté en armonía para que haya salud y paz. Con esta creencia la selva les proporciona todo lo necesario de forma sostenible, desde los materiales para la ropa, los medios de transporte como la canoa, hasta la comida a través de la caza y la pesca.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Perú, la región amazónica de Ucayali registra 7293 personas afectadas por el coronavirus y 145 fallecidos, sin embargo, no se incluye la variable étnica en las estadísticas sobre población afectada por el COVID-19, lo cual no permite analizar el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables, como son las comunidades indígenas.

La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), reporta más de 500 personas estarían afectadas y, al menos, 58 habrían fallecido. La Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía (Feconadip), reporta once personas fallecidas en diez de las cuarenta comunidades bajo su jurisdicción. Muchos de ellos no figuran en los registros oficiales porque temen ir al hospital.

“Se están tratando en sus casas con plantas medicinales porque los puestos de salud están cerrados, sin medicamentos, sin personal de salud, sin máscaras, sin bioseguridad, sin nada”, afirma Ronald Suárez Maynas, Coshikox Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox).

La situación que enfrentan los hospitales de Pucallpa y de toda la región, donde prácticamente no hay oxígeno para atender a los pacientes, ha agudizado la desconfianza de los habitantes de las comunidades indígenas.

Varios líderes indígenas en Ucayali resultaron afectados por el COVID-19. Entre ellos el propio Ronald Suárez Maynas Coshikox del Consejo Shipibo Konibo Xetebo también ha padecido la enfermedad en su casa. Lamentablemente, Ronald Suárez perdió a su madre a consecuencia del COVID-19.  También la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana informó que su presidente Lizardo Cauper estaba afectado por el virus.

El desplazamiento por el cobro de los beneficios que entrega el Estado ha sido uno de las causas de los contagios en las comunidades nativas, así como la entrega de alimentos por parte de los alcaldes en varios distritos y el tránsito de las embarcaciones por vía fluvial, pese a la orden de inmovilización que existía en el país.

Las comunidades shipibo konibo también están en las ciudades, en las llamadas comunidades interculturales, once de ellas establecidas en Pucallpa y una en Lima.

En la comunidad indígena de Cantagallo en Lima, las autoridades redoblaron el encierro de la comunidad, luego que el Ministerio de Salud detectara 476 enfermos en una población de alrededor de 2.000 personas. Esta comunidad, ubicada sobre un terreno de 1,9 hectáreas en el centro de Lima, está integrada por alrededor de 500 familias, entre residentes permanentes y desplazados. Hace cuatro años (2016) sufrió un incendio que arrasó con la mayoría de las casas, después de la reconstrucción, las casas están hechas de madera y techos de calamina o plástico y la mayoría albergan a más de una familia. La comunidad debe compartir cuatro caños de agua, además deben distribuirse el uso de 20 baños portátiles instalados por la Municipalidad de Lima, pues sus casas no cuentan con agua ni desagüe.

“Los pueblos indígenas de nuestro país son la última preocupación de los gobernantes, incluyendo las autoridades y sectores que tienen el mandato de dar atención específica a los pueblos indígenas”, denunció el Coshikox Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox).

A través de una carta enviada al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, José Francisco Calí Tzay, el Coshikox, Ronald Suárez Maynas, detalló las consecuencias de la Covid-19 en las comunidades nativas del departamento de Ucayali.

En este contexto, el dirigente shipibo recordó que la cuarentena establecida por el gobierno peruano solo trajo “hambre y otras privaciones para la mayoría de las familias de los pueblos originarios”. “Cada día perdemos hermanas y hermanos, jóvenes y mayores, incluyendo a uno de nuestros más respetados líderes, el alcalde del distrito de Masisea, Silvio Valles Lomas, muchísimos sabios y sabias en todas nuestras comunidades han muerto y lamentablemente también mi adorada madre”, comenta en su carta.

Ronald Suárez Maynas también informa al relator que “el estado peruano, debido a su incapacidad, corrupción e indiferencia, no muestra las cifras reales de los fallecidos, además las pruebas rápidas que se practican en las comunidades no son estadísticamente significativas”.

Además, recuerda que la Covid-19 puso al descubierto “un problema estructural que ya existía antes”. Así se puede evidenciar que no existe una política específica para la salud indígena “porque ha sido siempre un tema sesgado por discriminación y estigmatización”. Ante la falta de “una política de salud integral y con enfoque intercultural para la atención a los pueblos indígenas” frente a la Covid-19, Coshikox solicitó “apoyo financiero y logístico inmediato” para enfrentar el cambio sociocultural que será más visible a largo plazo.

Para ello, han emprendido una campaña de recogida de fondos para entregar alimentos y elementos de bioseguridad a las comunidades más alejadas.

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