Miles de familias temen sufrir cortes de agua, luz y gas con el fin de la moratoria de suministros a partir del 9 de agosto

• El Gobierno aún no ha clarificado si ampliará la prohibición de cortes a hogares vulnerabilizados
• Con los precios más altos de la historia, la Ministra Ribera tiene en su mano no dejar totalmente desprotegidas a miles de familias.

Barcelona, 28 de julio de 2021

Se avecina la tormenta perfecta en pleno agosto: coincidiendo con unas semanas en las cuales los precios de la energía eléctrica han batido récords históricos, el día 9 del próximo mes finaliza el plazo de la moratoria de cortes de suministro a hogares vulnerabilizados. A fecha de hoy, el Gobierno no ha informado si extenderá la prohibición de interrupciones más allá de ese día. A menos de dos semanas de esa posibilidad, las entidades sociales y los colectivos que luchamos por garantizar los servicios esenciales a toda la población exigimos al Presidente Sánchez y a la Ministra Ribera que prorroguen la protección contra los cortes de suministros básicos.

En este sentido, el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a dilatar hasta la última semana la aprobación de las diferentes prórrogas del llamado “escudo social”. Este hecho causa gran angustia a todas las familias vulnerabilizadas que no saben si seguirán protegidas ante los cortes o no. La moratoria vigente se incluyó en el Real Decreto-ley 8/2021, publicado en el BOE sólo cuatro días antes del fin de la anterior. La medida, que comprende los suministros de agua, luz y gas, operará hasta el 9 agosto inclusive, si el Gobierno no lo enmienda.

A partir de entonces, si no se aprueba una ampliación de la misma, las familias volverían a quedar a expensas de las compañías suministradoras y, bajo la literalidad del texto (que suspende los plazos para los cortes, pero no pone el contador a cero), los cortes se podrían producir desde el mismo día 10 de agosto. 

Cabe recordar que la moratoria ante los cortes de suministros se aprobó con motivo de la situación de especial vulnerabilidad que causó la emergencia de la COVID-19. A día de hoy, la pandemia, lejos de estar atajada, vive una quinta ola que tiene en vilo no solo a miles de familias, sino también a la capacidad de la sanidad pública para hacerle frente. En solo un mes, se han sumado a las estadísticas globales medio millón más de infectados, los hospitalizados han pasado de 2.300 a prácticamente 8.000, el porcentaje de camas que ocupan en los centros sanitarios de menos del 2 % a casi el 7 % y los ingresados en las UCI se doblaron. Esta crisis sanitaria ha tenido como consecuencia una crisis social de forma que durante el primer año de la pandemia el porcentaje de población en situación de carencia material severa pasó del 4,7 a un 7% mientras que las personas que admitieron no poder mantener su hogar a una temperatura adecuada se incrementó del 7,6 al 10,9%. Esta tendencia se ha agudizado durante 2021 de forma que en la actualidad las familias que no pueden afrontar el coste de los suministros del hogar representan una parte muy relevante de la población española a pesar de que  el número de beneficiarios del bono social sigue en cifras que no corresponden con las necesidades reales de la población más vulnerabilizada: 1.110.211 de beneficiarios del bono social en marzo de 2021.

Además, por si no fuera suficiente, nos encontramos en el caso de la electricidad en una burbuja de precios del mercado mayorista, que el pasado 21 de julio situó el MWh en 106,57€, récord histórico. Esta situación ha obligado a la Ministra Teresa Ribera a tomar medidas temporales, como la rebaja del IVA en la factura o la suspensión del impuesto a la generación.

Se puede caer en la trampa de pensar que la pobreza energética se sufre sólo en invierno y que en esta época del año esta problemática disminuye. Nada más lejos de la realidad. Mantener una temperatura adecuada en casa es imprescindible también en verano y las necesidades básicas como ducharse o cocinar no dependen de la estación del año. De hecho, el consumo energético aumenta en verano en determinadas zonas climáticas, especialmente en periodos de olas de calor, cada vez más frecuentes. Según el informe Estimaciones de la mortalidad atribuible a excesos de temperatura en España, en el verano de 2020 hubo 1.875 defunciones atribuibles al exceso de temperatura a nivel estatal. Un 56 % se produjo en agosto y un 90 % del exceso de mortalidad se concentró en las personas mayores de 74 años.

En este contexto, como venimos haciendo desde el pasado mes de diciembre, las diferentes entidades sociales y colectivos, exigimos una prórroga de la moratoria de cortes hasta que no se produzcan cambios estructurales en la actual normativa de protección de las familias vulnerabilizadas en materia de suministros básicos. Entre estos cambios, reclamamos:

• Principio de precaución que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. 
• Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que entre otras cuestiones comprenda los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía. El Gobierno debe empezar a estudiar en este sentido la posible implementación de una tarifa social o mínimo vital para los suministros básicos esenciales.
• Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.
• Costes de la pobreza energética asumidos por las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
• En el caso de empresas suministradoras de energía, cierre de convenios con las compañías suministradoras para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la pandemia y hasta que no se implementen las medidas definitivas.
• Que se incorpore a la legislación al más alto nivel el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Concretar en la normativa y reconocer por ley un mínimo vital de agua, para que todo el mundo tenga el mínimo de agua disponible para beber, cocinar y para la higiene básica.

Una vez más, el Gobierno tiene en su mano evitar un tsunami de cortes en pleno agosto. Las entidades y colectivos lo tenemos claro: ampliemos la moratoria hasta que se produzca una reforma estructural del actual sistema y protejamos a los hogares vulnerabilizados en plena quinta ola y escenario de escalada de precios de la electricidad.

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