En El Salvador ha habido más de 700 denuncias de violación de derechos humanos desde que se declaró el Estado de Emergencia

Hace unos días tuvimos la oportunidad de escuchar a Antonio Pacheco, director de ADES, Asociación para el Desarrollos Económico y Social de Santa Marta, en El Salvador, quien nos compartió cómo se está viviendo desde el país la situación de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, subrayando las consecuencias económicas y sociales que están repercutiendo en la población salvadoreña.

A inicios del mes de marzo se decretó el Estado de Emergencia y desde entonces se han identificado más de 700 casos de violación de Derechos Humanos. El caso más extremo es el de las denuncias por violencia machista, que ya alcanzan las 932 desde que se inició el confinamiento. En El Salvador, a dos meses del inicio de Estado de Emergencia, ha habido más muertes por feminicidio que por coronavirus.

En relación a la actividad económica la paralización está teniendo unos efectos muy fuertes. Desde 1823 se ha agudizado cada vez más la influencia que Estados Unidos ejerce no sólo sobre El Salvador, sino sobre muchos otros estados latinoamericanos, imponiendo una manera determinada de hacer las cosas. Por ejemplo, a los gobiernos progresistas del continente, que no están bien vistos por EEUU, se les anula, se les combate o se les niega, sobre todo cuando éstos quieren hacer un uso soberano de los recursos de los que dispone el país. Los casos más extremos son los de Venezuela o Bolivia.

En Centroamérica, bajo el discurso de combatir el narcotráfico y la delincuencia, se controla a los gobiernos para que no actúen en contra de los intereses de las élites estadounidenses. Para ello, se ha establecido una agenda fuerte de explotación de los recursos naturales por parte de las transnacionales. La minería metálica fue la actividad por excelencia por parte de transnacionales americanas, canadienses, australianas y europeas antes de lograr la ley contra este tipo de actividad.

Más de 40 años con estas políticas neoliberales ha implicado que miles de personas hayan sido desplazadas de sus trabajos seguros hacia una actividad informal. Se habla de que entorno a un 80% de la población activa en El Salvador está en la economía informal, lo que significa que tiene que salir cada día a conseguir el sustento de sus familias. Y con el estado de emergencia no lo están pudiendo hacer porque está prohibido salir a la calle.

El gobierno de El Salvador anunció que aportaría un monto de 300$ por familia, una cantidad totalmente insuficiente para suplir las necesidades básicas de una unidad familiar durante los casi 2 meses que llevamos de confinamiento, y aún más en un país donde no hay censo por lo que este dinero no ha llegado a todas las familias, se estima que solo alcanzó al 25% de la población. Cifra muy por debajo de la cantidad de población que subsiste con las actividades informales.

En el ámbito rural las comunidades se enfrentan además a otro tipo de situaciones, por ejemplo, que se suspenda el transporte implica que no pueden ir a las zonas urbanas para proveerse de los recursos básicos para la manutención familiar, para la higiene, para la atención médica o provisiones básicas para enfrentar el confinamiento en el Estado de Emergencia.

Ante esta situación, algunos de los desafíos a los que se enfrenta el país son:

• El Salvador es una economía dolarizada que perdió la soberanía monetaria, por lo que queda enormemente expuesto a la crisis que probablemente va a enfrentar el dólar estadounidense.
• En estas crisis siempre hay grupos de poder que tienden a sacar provecho. En este sentido uno de los problemas a los que se enfrenta el país es el aumento del precio de los productos de primera necesidad.
• El Salvador es un país deteriorado ecológicamente y la actual crisis económica tendrá influencia en esta realidad.
• Es un país dependiente, en cuanto a que importa una parte muy alta de los alimentos que consume.

Por ello, tal como nos compartió Antonio Pacheco, es fundamental potenciar las organizaciones comunitarias y los liderazgos de mujeres y jóvenes, para que desde las comunidades se conozcan estos retos y se haga frente.

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