La sociedad civil exigimos en una reunión con la Ministra Teresa Ribera medidas urgentes para evitar la oleada de cortes de suministro que se avecina

Ante el fin de la moratoria de cortes el pasado 1 de octubre, trasladamos nuestras propuestas a las puertas del invierno: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición del consumidor vulnerable
En el encuentro, participamos representantes de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Representantes de la sociedad civil trasladamos ayer en una reunión telemática con Teresa Ribera, Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nuestra preocupación por la oleada de cortes de suministro que miles de familias españolas pueden sufrir en las próximas semanas. Para evitar dicha situación, compartimos con su equipo una serie de propuestas concretas que pueden implementarse desde mañana mismo.

En el encuentro, participamos representantes de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Por parte del Ministerio, aparte de la propia Ministra, estuvieron presentes Sara Aagesen, Secretaria de Estado de Energía; Manuel García, Director General de Política Energética y Minas; así como miembros del equipo responsable de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Ante la posibilidad de que miles de familias vulnerables sean privadas de sus suministros en plena pandemia y a las puertas del invierno (algunas de ellas ya han contactado con nosotras, angustiadas, después de haber recibido avisos de corte para los próximos días), y tras la decisión del Gobierno de no incluir la moratoria de cortes en la prórroga del Escudo Social, preparamos para la cita un conjunto de propuestas concretas con diferentes horizontes temporales para evitar una grave vulneración de derechos de la ciudadanía más precarizada. Aprovechamos para dejar claro que las actuales medidas de protección incluidas en el bono social eléctrico son insuficientes, ya que dejan a muchas familias vulnerables fuera y no incluyen los suministros de agua y gas.

La primera y más importante de las medidas propuestas es la implementación del principio de precaución, un mecanismo recogido en la ley catalana contra la pobreza energética. Éste consiste en una reforma del procedimiento de corte por el que, ante cualquier impago doméstico, ya sea de agua, luz o gas, la compañía suministradora deba comunicarse con los Servicios Sociales municipales para conocer la situación del hogar afectado. En el caso de que la familia se encuentre en situación de vulnerabilidad, comprobable a partir de unos baremos de renta, se deberá garantizar el suministro en todo caso. Esta medida lleva aplicándose en Catalunya desde 2015 y ha evitado miles de cortes desde entonces (40.000 en el primer año y medio de vigencia, según los últimos datos publicados por la Generalitat).

Esta herramienta debería conllevar la puesta en marcha de un sistema informatizado de comunicación entre los Servicios Sociales y las compañías para facilitar su aplicación. Por ello, el pasado miércoles nos reunimos también con Ione Belarra, Secretaria de Estado de Agenda 2030, quien nos trasladó su compromiso para trabajar la cuestión desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Precisamente es este mismo ministerio el que debe encargarse del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas (nº 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; nº 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna).

Conscientes de que la implementación de un mecanismo de estas características no puede producirse de la noche a la mañana, la segunda de las medidas propuestas ante la Ministra fue la aprobación de un periodo de carencia hasta la puesta en marcha del principio de precaución, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de sus suministros de agua, luz y gas por motivo de impago. En medio de una pandemia mundial, que ha tenido un fuerte impacto en las familias en situación de vulnerabilidad y durante la cual se han destruido 820.000 empleos, y a pocas semanas de la llegada del invierno, es inaceptable que se pueda cortar el suministro a una sola familia vulnerable por no poder hacer frente a sus facturas.

En tercer lugar, propusimos una redefinición del concepto de consumidor vulnerable, que a día de hoy sólo se asocia al suministro de energía eléctrica y no evita el corte en muchos casos. Para ello, reclamamos que la figura abarcase los tres suministros e incluso otras materias como la vivienda o el derecho de consumidores. Por otro lado, incidimos para que ampliaran los actuales baremos de renta, que son ínfimos y no responden a la realidad económica de las familias que sufren pobreza energética. En este punto, la Ministra se comprometió a trabajar en el tema junto a Alberto Garzón, Ministro de Consumo, a lo largo de los próximos meses.

Por lo que respecta las otras propuestas, a pesar de las buenas palabras, no hubo ningún compromiso por parte de la Ministra en cuanto a su implementación. Parece que las presiones recibidas por muchas compañías suministros han surtido efecto y desde el Ministerio nos plantearon la dificultad de aprobar una nueva moratoria general de cortes, una decisión que, como hemos planteado, puede suponer una próxima oleada de interrupciones de suministro a nivel estatal. Desde su equipo hay una cierta confianza que estos cortes no se produzcan gracias a la buena voluntad de las compañías, aunque la carta de la patronal del agua del grifo (AGA) remitida el mes de abril reclamando el fin de la moratoria nos haga pensar todo lo contrario. En este sentido, no podemos entender que la seguridad energética e hídrica de los hogares en situación de vulnerabilidad se deje en manos de la supuesta buena voluntad de las empresas en lugar de ejercer, como Estado, de garante de los derechos de la ciudadanía

El encuentro también sirvió para denunciar la situación de las familias de los sectores IV y VI de la Cañada Real Galiana (Comunidad de Madrid), quienes están sufriendo cortes de luz constantes y no gozan de un suministro regular y adecuado en sus viviendas. El Gobierno conoce perfectamente su situación, tras las protestas de octubre, y exigimos que se ofrezcan soluciones efectivas a estas familias y se garantice su acceso a los suministros básicos.

Al final de la reunión hubo una invitación a seguir trabajando estas medidas a lo largo de los próximos meses, aunque somos conscientes de la urgencia y la necesidad de aprobar iniciativas para paliar los efectos de la pobreza energética y, específicamente, evitar los cortes. Tras la enmienda a los Presupuestos planteada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que establece una moratoria de las interrupciones de suministro hasta diciembre de 2022, y las noticias sobre una posible negociación al respecto entre los socios de Gobierno, sabemos que este tema seguirá en el debate público las próximas semanas.

Por ello, desde los colectivos participantes, junto a muchas otras entidades con las que estamos trabajando la cuestión codo a codo, seguiremos realizando toda la presión necesaria para que ninguna familia pueda ser privada de sus suministros básicos durante los próximos meses. Es imprescindible que el Ministerio recapacite y se ponga del lado de la ciudadanía más vulnerable y no se pliegue a los intereses de las grandes compañías energéticas.

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