Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, tanto para ella como para su familia, salud y bienestar, especialmente en lo que concierne a la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  De hecho, el acceso a una vivienda adecuada ha sido reconocido como uno de los determinantes sociales de las desigualdades en salud (Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España) y se han documentado diversos impactos negativos de la inseguridad residencial sobre la salud física y mental de las personas.

El acceso a los suministros básicos es sin duda un aspecto esencial de una vivienda digna. El agua y la energía no solo posibilitan las tareas de cuidados y el confort térmico, entre otras necesidades vitales, sino que también posibilitan la interacción y participación social a través del uso de aparatos eléctricos. Un estudio exhaustivo realizado por la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Enginyeria Sense Fronteres y el Grupo de Vivienda de la Agencia de Salud Pública muestra cómo el acceso inadecuado o insuficiente a la viviendo y/o suministros básicos tiene fuertes impactos en la salud general, en la prevalencia de trastornos crónicos, en el uso de servicios sanitarios y, especialmente, en la salud mental. De hecho, el 80% de los hombres y el 79% de las mujeres entrevistadas en este informe presentaba riesgos de sufrir problemas de salud mental, cuando estos indicadores en la población general son del 14,5% y  del 19,5%, respectivamente.

El no poder mantener la casa a una temperatura adecuada, no poder hacer frente a las facturas o no poder siquiera regularizar los suministros genera fuertes sentimientos de ansiedad, de impotencia y de culpa en las familias, que se ven obligadas a lidiar con estos problemas de forma individual y, a menudo, se sienten estigmatizadas y faltas de apoyo. Conscientes de estos malestares, proponemos abordarlos de manera colectiva y desde lo político, con el objetivo último de trasladar la responsabilidad que actualmente sienten las familias al modelo energético, basándonos en que el acceso a los suministros básicos es un derecho de las familias que nunca debería depender de su capacidad de pago. 

El grupo de apoyo mutuo es un espacio donde nos juntamos, compartimos preocupaciones y nos acompañamos desde lo cercano y lo concreto. Se trata de una herramienta de empoderamiento, igual que los asesoramientos colectivos quincenales, pero en esta ocasión con un funcionamiento que pone énfasis en la salud y que se desarrolla desde un espacio de seguridad y confianza más reducido, que va generando esa red en la que sostener, entre tod@s, los malestares e impactos del modelo energético en el que vivimos pero también otras vulneraciones y situaciones fruto de tantos otros ejes de desigualdad: la realidad material y económica de cada un@, el género, la diversidad funcional, la edad, la situación de salud. Es un lugar donde segar esas cadenas que nos oprimen como individuos, siendo conscientes de ellas, generando bienestar y dignidad de forma colectiva.

L’entrada El grupo de apoyo mutuo en APE: una herramienta de empoderamiento. ha aparegut primer a ESF.